Peritos Judiciales en Mallorca

Parten de las listas del artículo 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En Baleares, a diferencia de Cataluña o la Comunitat Valenciana, la comunidad autónoma no ha recibido el traspaso de los medios materiales y personales de la justicia, que gestiona directamente el Gobierno central. Las listas se tramitan con Perit@, una aplicación del Ministerio: cada año, colegios profesionales y asociaciones dan de alta en ella a sus peritos, y el decanato o el servicio común de cada partido judicial forma sus listas. Cuando un juzgado necesita perito, lo pide en la aplicación, que asigna de forma automática al siguiente por orden; el punto de partida se fija por sorteo. Si prefiere que el informe lo firme alguien elegido por usted, tendrá que encargarlo como prueba de parte; ahí es donde entra tuPerito.

Quien tiene reconocido este derecho no necesita aportar el dictamen con la demanda o la contestación: le basta con anunciarlo para que el juzgado designe perito (artículo 339 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Esa pericial corresponde primero a técnicos públicos, y solo cuando no los hay de la materia se acude a un profesional privado (artículo 6 de la Ley 1/1996). En Baleares, ese profesional remite su presupuesto a la Gerencia Territorial del Ministerio antes de empezar; si en un mes no hay objeciones, queda aprobado, y la factura, en principio, la abona el Ministerio (Real Decreto 141/2021, artículos 51 y 52). Hay excepciones; por ejemplo, si le imponen las costas y su patrimonio mejora dentro de los tres años siguientes al final del proceso, tendrá que pagar usted esa pericial. Ahora bien, si encarga además su propio informe a un perito privado, esa factura es suya.

Cada informe se presupuesta aparte. Cuentan la especialidad, el trabajo que exija (visitas a la vivienda o al barco, pruebas, documentación que revisar), el plazo y si el perito tendrá que defenderlo en el juicio. Con tuPerito puede poner lado a lado hasta 3 presupuestos de peritos distintos y quedarse con el que prefiera, sin compromiso.

Sí. El Estatuto de Autonomía reconoce el catalán como lengua propia de las Illes Balears y oficial junto al castellano (artículo 4). Ante los juzgados de las islas, peritos, testigos y partes pueden emplearlo de palabra o por escrito, y lo que presenten en catalán vale sin traducción (artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Solo se traduce si el dictamen ha de surtir efecto en una comunidad que no comparta esa lengua oficial, si una ley lo impone o si una parte alega que, sin traducción, quedaría indefensa. En nuestra red también hay peritos que redactan en catalán; basta con que lo pida al solicitar presupuesto.

Sí. Atendemos asuntos de toda Mallorca: del partido judicial de Palma, con municipios como Calvià, Marratxí o Llucmajor; del de Inca, que incluye Alcúdia y Pollença, y del de Manacor, con Felanitx o Santanyí. También buscamos peritos para casos de Menorca, Eivissa y Formentera.