Perito Social: trabajo social forense

Sus informes se complementan. El psicólogo evalúa aspectos psicológicos de cada persona y de sus relaciones; el trabajador social, las condiciones de vida: vivienda, organización diaria, recursos, escolarización y red de apoyo. Por eso los equipos psicosociales de los juzgados suelen combinar ambas profesiones. Para la parte psicológica, vea nuestra página de peritos psicólogos.

Puede tenerlo. El dictamen del equipo es una prueba más, y el juez valora todas las periciales conforme a la sana crítica (artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Un perito de parte puede revisar cómo se elaboró y aportar datos que no se tuvieron en cuenta.

Por regla general, el informe de parte debe presentarse al mismo tiempo que la demanda o que la contestación. Si no da tiempo, se anuncia en ese escrito y se aporta después. En el juicio verbal, que es el cauce de los procesos de familia, el plazo es de treinta días, prorrogable si hay causa justificada (artículos 336, 337, 753 y 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Desde la Ley 8/2021 ya no hay incapacitación, sino apoyos como la curatela. En el juicio, el tribunal no puede decidir sin un dictamen pericial que él mismo acuerda, con profesionales del ámbito social y sanitario (artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Civil); un informe de parte puede completarlo. Si se tramita por jurisdicción voluntaria, la propia solicitud debe ir acompañada de un dictamen de esos profesionales (Ley 15/2015, artículo 42 bis b). Para la parte sanitaria puede hacer falta un perito psiquiatra. Los apoyos judiciales se revisan, por regla general, al menos cada tres años, y antes si cambia la situación de la persona (artículo 268 del Código Civil).

Solo en parte. La idoneidad para adoptar la declara la entidad pública de protección de menores tras una valoración psicosocial (artículo 176 del Código Civil), y en el acogimiento familiar esa misma entidad valora la adecuación de la familia (artículo 20 de la Ley Orgánica 1/1996). Un perito privado no sustituye ese estudio. Sí puede ayudarle si decide oponerse ante el juzgado a una resolución de protección, como un desamparo. El plazo es de dos meses desde la notificación (artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), así que conviene hablar pronto con un abogado.

Puede ayudar en la parte social: describe la situación de la víctima y de los hijos, sus recursos y su red de apoyo. No le corresponde dictaminar si hubo violencia; eso lo valora el juzgado. Si el juez advierte indicios fundados de violencia de género o doméstica, el Código Civil excluye la custodia compartida y, salvo resolución motivada en interés del menor, también las visitas (artículos 92 y 94). Cataluña tiene una norma propia en el mismo sentido (artículo 233-11 de su Código civil). Si está en peligro, llame al 112. El 016 atiende a las víctimas las 24 horas.

Hoy se piden dos cosas para firmar un dictamen: un título oficial adecuado a la materia y que el profesional pueda acreditar que es experto en ella. Así lo exige la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 340.1) desde abril de 2025. Una persona entendida solo basta si la materia carece de título profesional oficial. Aquí el título es el Grado en Trabajo Social o, antes, la diplomatura. Además, la Ley 10/1982 obliga a colegiarse para ejercer la profesión (artículo 3): pida al perito su número de colegiado.

Atendemos casos en toda España. En el formulario, indique dónde se tramita el procedimiento y dónde vive la familia, ya que el perito suele tener que visitar el domicilio.