Perito de Seguros Independiente

Si al ocurrir el siniestro lo asegurado vale más que la suma de la póliza, la compañía paga el daño en la proporción en que esa suma cubre el valor real (artículo 30 de la Ley de Contrato de Seguro). Ejemplo: un contenido de 60.000 euros asegurado por 40.000 sufre un daño de 9.000; le pagarán 6.000. La póliza puede excluir esta regla, como ocurre en el seguro a primer riesgo. Su perito revisa ese valor real.

La prevé la Ley de Contrato de Seguro si, cuarenta días después de que la compañía reciba su declaración del siniestro, no han pactado la cifra. Cada parte nombra a un perito, que acepta por escrito. Si la aseguradora ya tiene el suyo y le pide que designe uno, dispone de ocho días; si no lo hace, tendrá que aceptar lo que dictamine el de ella. Si los dos coinciden, firman un acta conjunta; si no, entra un tercero y decide la mayoría. La compañía puede impugnar el dictamen ante el juez en 30 días desde que se notifica, y usted en 180; si nadie lo impugna, debe pagarle en cinco días (artículo 38).

Sí. En los cuarenta días siguientes a recibir su declaración del siniestro, la aseguradora debe adelantarle el importe mínimo que, por lo que ya conoce, pueda deberle (artículo 18 de la Ley de Contrato de Seguro). Cobrarlo no supone aceptar la cifra. Si no paga ese mínimo a tiempo, o el total en tres meses desde el siniestro, y no tiene causa justificada, le debe intereses anuales: el interés legal del dinero aumentado en la mitad y, pasados dos años desde el siniestro, no menos del 20 % (artículo 20).

En los seguros de daños, como el de hogar, comunidad o comercio, las acciones derivadas del contrato prescriben a los dos años (artículo 23 de la Ley de Contrato de Seguro). Una reclamación extrajudicial, como un burofax, interrumpe el plazo (artículo 1973 del Código Civil). Desde cuándo se cuenta depende del caso: consúltelo con su abogado.

Cuando un acontecimiento extraordinario, como una inundación extraordinaria, un terremoto o rachas de viento de más de 120 km/h, daña un bien asegurado con una póliza de daños que incluye el recargo del Consorcio, como la de hogar, comunidad o comercio. Cubre las mismas sumas que esa póliza y también aplica la regla proporcional. La lluvia caída directamente sobre el inmueble o recogida por su tejado, sus desagües o sus patios no es inundación extraordinaria: si la póliza la cubre, paga su aseguradora (Real Decreto 300/2004, artículos 2 y 5). El Consorcio valora con su propio perito. En viviendas y comunidades de propietarios de viviendas no aplica franquicia; en comercios, oficinas e industrias descuenta el 7 % de los daños indemnizables.

Si su póliza cubre los daños por agua, puede reclamar a su compañía, que después podrá repetir contra el responsable (artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro). También puede dirigirse a la aseguradora de responsabilidad civil del vecino o, si la fuga sale de un elemento común, a la de la comunidad (artículo 76). En los dos casos, el perito empieza por probar de dónde viene el agua. Si hay grietas o defectos de construcción, le conviene un perito arquitecto.

En la tasación pericial con la aseguradora, la Ley 20/2015 le exige suficiente conocimiento técnico de las normas que regulan el contrato de seguro y, si ejerce una profesión regulada, la titulación correspondiente (disposición adicional décima). Ante un juez, desde 2025 se le pide el título oficial propio de lo que dictamina y que pruebe su condición de experto; cuando no existe un título oficial para ese campo, basta con una persona entendida en él (Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 340.1).