Perito Psiquiatra Forense

Pueden coincidir en un mismo pleito, pero cada uno se fija en algo distinto:

• Psiquiatra. Es médico. Diagnostica la enfermedad mental, estudia si tiene un origen orgánico o si influye la medicación, y opina sobre el tratamiento y el pronóstico. Es el indicado cuando se discute la capacidad para decidir, la imputabilidad o un internamiento.
• Psicólogo. Evalúa la personalidad, las emociones y las relaciones con entrevistas y test estandarizados. Suele intervenir en custodias y en el daño emocional.
• Perito médico. Valora el daño corporal: lesiones físicas y sus secuelas.
• Perito social. Analiza el entorno de la persona: vivienda, recursos y red de apoyo.

Si duda entre uno u otro, cuéntenos el caso y nuestro consultor pericial le orientará.

Sí, con límites. Es una valoración retrospectiva: el perito trabaja con la historia clínica, la medicación, los informes de otros médicos y los relatos de testigos y familiares, y describe en qué estado es probable que estuviera la persona el día de la firma. Cuanta más documentación de esas fechas, más sólida será la conclusión.

Sí, aunque no es sencillo. La ley solo impide testar a quien, en ese momento, no puede formar ni expresar su voluntad, ni siquiera con apoyos (artículo 663 del Código Civil). El notario debe comprobar, a su juicio, que el testador tiene esa capacidad (artículo 685), y su opinión pesa mucho, pero no es definitiva. El Tribunal Supremo parte de que la capacidad se presume y admite que el juicio notarial se desvirtúe con pruebas posteriores muy completas y convincentes (sentencia 20/2015, de 22 de enero). Si se discute la autenticidad de la firma, necesitará además un perito calígrafo.

No. Desde el 3 de septiembre de 2021 la incapacitación ya no existe: la Ley 8/2021 la reemplazó por medidas de apoyo, que deben respetar la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona. La principal medida judicial es la curatela, para quien necesita apoyo de forma continuada (artículo 250 del Código Civil). En la vía de jurisdicción voluntaria, la solicitud debe llevar un dictamen de profesionales sociales y sanitarios (artículo 42 bis b de la Ley 15/2015): el psiquiatra puede elaborar la parte sanitaria, y un perito social, la social. Las medidas se revisan cada tres años como máximo, salvo excepciones (artículo 268).

No por sí solo, y cada caso es distinto. El Código Penal exime a quien, al cometer el hecho y por una anomalía o alteración psíquica, no podía entender que su conducta era ilícita o no podía comportarse de acuerdo con esa comprensión (artículo 20.1). Si faltan requisitos, puede apreciarse una eximente incompleta, que baja la pena uno o dos grados (artículos 21.1 y 68). En ambos supuestos caben medidas de seguridad, como el internamiento para tratamiento, cuya duración tiene como tope la de la pena (artículos 101 y 104). El perito explica el trastorno y cómo pudo influir; la decisión corresponde al tribunal.

Si la persona no está en condiciones de decidirlo, el ingreso requiere autorización judicial. Cuando es urgente, el centro debe comunicarlo al juzgado en un máximo de 24 horas, y el juez dispone de 72 para decidir si lo ratifica, después de examinar a la persona, escuchar al fiscal y oír a un facultativo designado por él. El afectado puede tener abogado y recurrir, y los médicos que le atienden informan al juez al menos cada seis meses (artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Sí, pero no por el diagnóstico en sí. La Seguridad Social pide reducciones funcionales graves, objetivables y previsiblemente definitivas, por lo general tras seguir el tratamiento prescrito (artículo 193.1 de su Ley General). En una enfermedad mental, el reto es objetivarlas. El perito documenta la evolución y los tratamientos probados, y explica qué tareas de su trabajo ya no puede realizar.

No debería. El Código de Deontología Médica de 2022 declara incompatible ser perito de alguien y ser o haber sido su médico asistencial (artículo 76.7), por lealtad al paciente y por imparcialidad. Su psiquiatra sí puede emitir informes clínicos y, si le citan como testigo, debe limitarse a contar los hechos que conoce por su labor como médico (artículo 76.3).